PARO HISTÓRICO
Los reclamos de los trabajadores ocupan el debate público. Pero pocos ponen la lupa en la trama de intereses de poderosos empresarios y sus alianzas políticas y sindicales. Un poco de luz sobre lo que pasa del otro lado.
Se habla públicamente del punto y la coma del salario de los trabajadores, del detalle de sus recibos de sueldo, de las “internas” o disputas que afectan a sus organizaciones, de las cuotas en las que deben dividirse sus magros aumentos, de sus más o menos revulsivos métodos de lucha o del carácter presuntamente “excesivo” de sus reclamos.
Pero todo este ruido rabioso que se agita desde los aparatos mediáticos y desde las usinas gubernamentales alrededor de la histórica huelga de los choferes de Córdoba, es directamente proporcional al silencio que rodea la trama de negocios monopólicos. Una turbia historia que une íntimamente al intendente Ramón Mestre, al gobierno provincial y a las empresas del sector, especialmente al grupo ERSA.
Una intervención a medida
La intervención de la seccional Córdoba de la UTA a mediados del año pasado por parte de la conducción nacional en manos del eterno Roberto Fernández, se produjo en paralelo al momento en que el grupo empresario ERSA llegó a controlar la mayoría de los corredores del sistema urbano de pasajeros de la ciudad. Todo indica que el desplazamiento de la anterior camarilla que estaba al frente de la seccional (y que quedó afuera de estos negocios) se produjo para defender los intereses de ERSA.
Así lo relataba la periodista Virginia Guevara en el diario La Voz (de los patrones) del Interior: “La misma semana en que se conoció que la empresa ERSA quedará a cargo del 75 % del transporte público de la ciudad de Córdoba por deserción de Autobuses Santa Fe, y al mismo tiempo en que esa empresa correntina que también recolecta la mitad de la basura cordobesa a través de LUSA debutaba en el flamante servicio público al aeropuerto (Aerobus), la Unión Tranviarios Automotor seccional Córdoba (UTA) fue intervenida por la conducción nacional del gremio” (La Voz, 1/10/2016). Luego de destilar diatribas a tono con la línea editorial de La Voz del Interior, demonizando a los choferes y a sus medidas de lucha, la periodista ponía el foco en el hecho de que la UTA nacional nunca había intervenido en los conflictos anteriores y se interrogaba: “¿Qué cambió? El lugar que ocupa ERSA en el transporte y en los espacios de decisión política –de varias jurisdicciones–, que son proporcionales.”, respondía. Traducido a criollo: la conducción nacional de la UTA realizó una intervención a la medida de la vigorosa ERSA.
El clan Romero
La Empresa Romero Sociedad Anónima (ERSA) es propiedad del magnate correntino Juan Carlos “El Mono” Romero, conocido como el zar del transporte de pasajeros del litoral.
ERSA es un grupo empresario que presta servicios vinculados al transporte y que se forjó al calor de los jugosos subsidios otorgados por el kirchnerismo y ahora sigue haciendo negocios redondos en la era Cambiemos. A mediados de los noventa, el primo de Romero, el “Tato” Romero Feris, ex gobernador de Corrientes, le otorgó las concesiones de la terminal de ómnibus y el transporte urbano de la capital correntina. Gracias a los favores familiares, el grupo resucitó de la quiebra y comenzó a expandirse por el centro del país.
ERSA controla empresas de transporte en Corrientes, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Además, se convirtió en la empresa oficial de la distribución del correo perteneciente al Correo Oficial de la República Argentina. Tiene bajo su propiedad a la empresa Cacciola, dedicada al transporte fluvial de pasajeros entre Tigre y Carmelo (Uruguay). Junto a las empresas La Cabaña y Grupo Metropol, conformó un holding que adquirió la firma Econtrans luego de su quiebra, con diez líneas de colectivos que circulan en el oeste del Gran Buenos Aires. Su descomunal crecimiento impulsó a los dueños de ERSA a intentar adquirir las acciones del Grupo Plaza, el poderoso emporio nacional de los hermanos Mario y Claudio Cirigliano. Una aspiración que continúa latente. El último “curro” fue la adjudicación del servicio de cientos de colectivos que debían trasladar a los pasajeros de Buenos Aires a La Plata mientras se terminaba la electrificación del ferrocarril Roca.
Con todos estos “emprendimientos” podría decirse que lo último que le falta a ERSA es plata.
Desde que aterrizó en Córdoba y especialmente bajo la gestión de “Ramoncito” Mestre tuvo un crecimiento acelerado hasta lograr la adjudicación de casi la totalidad de los corredores, en un servicio que tiene la tarifa más cara del país ($ 12,50).
Primero se repartió con la empresa Autobuses Santa Fe, subsidiaria con la que conformaba una Unión Transitoria de Empresas (UTE), los corredores de la privatizada TAMSE (Transporte Automotor Municipal del Estado). Luego empujando un proceso de vaciamiento con ayuda estatal, se quedó con los corredores de la empresa Ciudad de Córdoba. En julio de 2014, ERSA creó un fideicomiso y unificó su caja recaudadora con la de Autobuses Santa Fe, cuando se inscribió en la AFIP, dio el alta en Ganancias y abrió una cuenta en común en el Banco de Córdoba, quedó demostrada una cosa: Autobuses Santa Fe es ERSA.
El control del 75 % del sistema implicó que se asegure seis de un total de ocho corredores que posee el transporte urbano de la ciudad de Córdoba (los otros dos son operados por Coniferal, además del sistema de trolebuses de la municipal TAMSE). Uno de los procesos de cartelización más rápido y furioso de la historia oscura de los monopolios de transporte en el país.
Finalmente, también llegó a controlar rutas del servicio interurbano provincial porque en mayo de 2015, el secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba, Gabriel Bermúdez, dio a conocer que ERSA se haría cargo de los corredores provinciales que antes prestaba la empresa Ciudad de Córdoba hasta que se adjudicaran nuevamente. Cuando se abrieron los sobres licitatorios, ERSA fue la única oferente.
Juan Carlos Romero es, además, el presidente de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros (FATAP), entidad que negocia subsidios y tarifas con el Gobierno nacional. Por su capacidad de lobby como titular de la asociación patronal, consiguió en los comienzos de la gestión de Mauricio Macri que el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, autorizara un aumento del 37 % en los subsidios para el interior. Traducido a números: 15.000 millones de pesos que se destinan a subsidiar casi la mitad de la tarifa del transporte público de todas las localidades, incluida Córdoba capital.
Un detalle: como recordó el periodista cordobés Mauricio Díaz, el primo de Juan Carlos; “El Tato” Romero Feris, ex señor feudal de Corrientes, está preso desde el año pasado y debe cumplir siete años y nueve meses de prisión por la sumatoria de tres condenas por delitos de corrupción de la época cuando fue intendente de la capital provincial, entre 1997 y 1999. También está investigado en el marco del "Operativo Sapucay" que rastrea una red de narcotráfico en esa región y países limítrofes. Es evidente que los Romero son una familia con una fuerte inclinación por los negocios ilegales y no le hacen asco a ningún “rubro”.
Los favores de los Mestre
El fallecido Ramón Bautista Mestre, padre del actual Intendente, fue interventor radical en Corrientes entre los años 1999 y 2001. De aquellos años trabó relación estrecha (y algunos dicen que negocios) con el clan Romero. Cuando “Ramoncito” llegó al Palacio 6 de Julio, aseguró casi inmediatamente para el Grupo ERSA la concesión de una cuarta parte del servicio de transporte y nada menos que la mitad del sistema de higiene urbana. Los ganadores de la primera lotería privatista del mestrismo “segunda época” fueron Cotreco de Carlos Paz y la desconocida empresa correntina Logística Urbana S.A. (LUSA), una empresa prácticamente sin experiencia en el rubro de logística y limpieza urbana que había sido creada dos años antes, en agosto de 2011, para el mismo servicio en su ciudad de origen. Claro, era conducida por un viejo conocido de los Mestre: Juan Carlos “El Mono” Romero.
Negocios en caravana
Las relaciones carnales quedaron en evidencia cuando se conoció que ERSA facilitó un viaje en 2013 con “todo pago” para que el intendente Mestre, el vice Marcelo Cossar y el secretario privado Juan Pablo Ostanelli, pudieran trasladarse cómodamente hasta Corrientes y asistir a la “fiestita” de aniversario número 50 de ERSA, que ese año tenía bastantes motivos para festejar.
Las malas lenguas de Córdoba aseguran que los Mestre tienen una debilidad especial por la caravana. Así lo denunció un “amigo” de Ramoncito cuando era concejal, en una polémica de antología: Euclides Bugliotti sacó a la luz la “actividad” nocturna del -en ese entonces- edil radical. “Él tiene las mañas de los radicales. Trabajan de noche. No trabajan de día”, afirmó, dejando entrever que el jefe de los concejales radicales se interesaba más por la diversión nocturna que por la política diurna.
Pero seguramente el motivo principal del viaje se relacionaba más con responder positivamente al agasajo que la familia Romero quería brindarle por los “servicios prestados” como facilitadores de su ingreso al negocio del transporte en Córdoba. En ese entonces, 2013, el avión gastó 60 mil pesos sólo en combustible para que Mestre, sus funcionarios y familiares pasen una buena noche en el litoral.
Cossar se defendió de una manera bastante particular y aseguró que no le pareció para nada “antiético”: "Roza la ética o es antiético cuando un proveedor le paga un pasaje para que se vaya de vacaciones, le alquila autos, departamentos, yates como en el caso de Ricardo Jaime, eso sí es antiético. Nos invitan a participar de una fiesta pública. No fuimos encapuchados, no fuimos escondidos", afirmó y además aseguró: “Cada uno fue con su señora”. Se ve que esta vez, por alguna razón, necesitó aclararlo.
En síntesis: el Gobierno municipal (con el aval del provincial) habilitaron a ERSA para que monopolicen el transporte de Córdoba, la dirigencia nacional de la UTA intervino la seccional para garantizar el “orden y progreso”… de ERSA y, como corresponde, al final festejaron a todo trapo con “todo pago”.
Estos extorsionadores profesionales y sin escrúpulos, una santa alianza que une a empresarios, burócratas sindicales y políticos tradicionales, son los que hoy acusan de “salvajes” a las y los choferes que pelean por la defensa de su salario. Tienen la desfachatez de pretender fijar cuál es el mísero aumento “justo” que merecen quienes todos los días ponen el cuerpo para trasladar a los trabajadores y la población de Córdoba.
Con sólo repasar el prontuario de cada uno, queda claro de qué lado hay que estar.
Gracias!
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