Por Horacio Rovelli, Economista UBA
La segunda carta de la Presidenta de la Nación a todos los habitantes del suelo argentino es de un grado de franqueza y claridad que pocas y contadas veces fueron afrontados por los gobiernos de este país del sur de América.
En primer lugar porque demuestra que se puede tener la administración pero no el poder, que lo constituyen fuerzas sociales que a su vez están relacionadas con otras naciones que tienen intereses concretos en la Argentina.
Se sabe que José López Rega reportaba al embajador Robert C. Hill, confeso hombre de la CIA (Central de Inteligencia Americana), que se conocían desde que Hill era embajador en España, y que fue nombrado en ese cargo en el país en 1974 tras el acuerdo con las automotrices norteamericanas que fueron forzadas por el ministro José Ber Gelbard a vender vehículos a Cuba. En el caso actual, el fiscal Alberto Nisman saltó a la fama internacional cuando en el año 2010 WikiLeaks publicara una serie de cables de la embajada de los Estados Unidos en la Argentina en los que se comprobaba cómo la investigación que él llevaba sobre el atentado a la AMIA era dirigida desde Washington. En los cables filtrados por la web dirigida por Julián Assange, hay informes de las visitas de Nisman a la embajada y a los Estados Unidos (EE.UU.) donde se discutían los detalles de la causa, del envío de documentos legales antes de ser presentados a la Justicia argentina e, incluso, pedidos de disculpas por no avisar de procedimientos inherentes a su cargo.
Con José López Rega, la CIA fue más benigna: lo protegió, vivió en Miami gozando del dinero robado y, enfermo por la diabetes, en 1986 se acordó su entrega para morir tres años más tarde, sin juicio, sin tener que dar cuenta de nada, como si hubiera sido un ciudadano honorable.
La nota “El truco de la confusión”, de la periodista Sandra Russo en Página 12, tiene un acierto mayúsculo, demuestra cómo es manipulada la “opinión pública” en los llamados “golpes blandos” en que las instituciones (Justicia, Congreso) destituyen a los presidentes, como son los casos de Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, y se intentó contra los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, y cómo, en los casos en que se logró el objetivo, esos países cambiaron su alineamiento y se integraron a la Alianza del Pacífico. Hay que aclarar que en el caso de la República Bolivariana de Venezuela una bomba acabó con la vida del fiscal Danilo Anderson el 18 de noviembre de 2004. Los grandes medios aseguraron la directa responsabilidad en la ejecución de ese atroz crimen al gobierno de Chávez, hasta que la Justicia determinó que fueron mercenarios y fanáticos, ligados a la derecha y enfrentados al gobierno nacional, a los que se los condenó a la pena máxima: 30 años de prisión.
Grandes corporaciones nacionales y extranjeras usufructúan del poder real, se puede acordar con ellos, siempre que se les conceda el beneficio de valorizar su capital y no se entorpezcan sus planes de expansión y acumulación y, en ese caso, ceden (por un tiempo) la administración pública, y hasta cierto punto –y siempre y cuando no puedan hacer otra cosa–, hacen valer todas sus armas e influencias, y no trepidan en nada, ni en la vida ni en la muerte para que se cumplan sus designios.
Son esa lógica y esa relación de fuerzas implícita en la sociedad argentina las que hacen que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores suspenda preventivamente en la realización de operaciones bursátiles a Macro Securities y Banco Macro –que preside Jorge Brito, quien es a su vez presidente de Adeba, la asociación de bancos privados nacionales– al detectar diversas irregularidades vinculadas con las obligaciones que dichas entidades tienen en materia de prevención del lavado de dinero, y unos días antes, en este mismo mes de enero de 2015, el BCRA le autorizara al mismo Banco Macro a distribuir dividendos entre sus accionistas por 596 millones de pesos.
Sólo se avanza si se aceptan las condiciones de mercado, que es la lógica que llevó a indemnizar a Repsol por el 51% del paquete accionario de YPF S.A., sabiendo, teniendo pruebas fehacientes de la mala administración que realizó y de su objetivo de ir disminuyendo la producción de gas y petróleo para aumentar sus precios internos, cosa que el Gobierno revierte, después de la expropiación, acrecentando la inversión. Pero el ejemplo de que se paga lo que el capital determina hace que los títulos y valores argentinos mantengan firme su cotización.
Es más, ni la muerte de Nisman, ni las horas de televisión, radio y medios de comunicación más diversos en contra del gobierno nacional hacen mella en la economía argentina, el capital viene atraído por las altas y sostenidas tasas de ganancias que generan la producción de bienes y servicios, que se reflejan en las generosas tasas de interés y de rendimientos de títulos y acciones cuando, en los países centrales, el rendimiento de los títulos y acciones no alcanza a ser del 1% anual.
El problema es que (y en esto hay que rescatar nuevamente la nota de Sandra Russo: “La apuesta de este año que viviremos en peligro no es al debate profundo de ideas ni a la discusión política sobre el destino de este país. Esa gente no tiene nada que discutir porque no tiene nada que ofrecer, políticamente hablando…”) van a tratar de embarrar la cancha para no discutir nada, en la certeza de que la ignorancia y la necedad los va a llevar a votar a los “conocidos de siempre”, que son conocidos por los grandes medios que difunden malintencionadamente la muerte de Nisman.
La sarta de lugares comunes y reflejo de decir lo que los medios quieren que se diga de las figuras del espectáculo, o del deporte o de todo lo que puede ser conocido (como los políticos más mediáticos, como una diputada que trata de asesina a la Presidenta, diputada que es conocida por la televisión pero que ni siquiera asiste a su trabajo) corroboran lo que decimos. Faltaría que dijeran “que los argentinos somos derechos y humanos” y vitoreen por el mundial de fútbol de 1978 o porque “estamos ganando en las Malvinas”, que también fue azuzado por los grandes medios y los grandes comunicadores de esa triste época.
Es más, el sostenido y esperado rendimiento del capital en la Argentina se basa en la creencia de que esto va a ser así, que se acabó el tiempo del “populismo” y que el gobierno que suceda al actual va acatar en silencio lo que el gran capital que opera en el país decida, y solo para su exclusivo beneficio, si para ello se debe empujar a la población al desempleo y a la marginalidad no les preocupa, no forma parte de su visión y de su mundo.
RUFO y después. El Gobierno, en el severo y restrictivo marco descripto, juega sus piezas; por un lado, trata de restablecer el acuerdo con las grandes comercializadoras de granos y aceites (el Centro de Exportadores de Cereales y la Cámara de la Industria Aceitera Argentina), para asegurar la venta y conversión de esas ventas a pesos al tipo de cambio oficial, así como en el último trimestre del año pasado aseguraron y cumplieron con liquidaciones por 5.500 millones de dólares, extender esos compromisos al presente año 2015. Lo mismo se hace con los importadores, que están más fragmentados y diversificados, tratando de acordar las pautas y montos estimados de importación, tratando de evitar los faltantes de oferta que hubo el año pasado, y de la conjunción de exportadores e importadores tener una estimación del programa comercial y cambiario.
En el frente financiero, se tienen para el corriente año vencimientos de capital e intereses de deuda en poder del sector privado por unos 15.000 millones de dólares, entre el superávit comercial esperado (en torno de la mitad de esa suma), la refinanciación de los vencimientos por los altos rendimientos (ya contado en la nota). Los acuerdos financieros con China, y después con Francia y Brasil, plantean un programa cumplible, consistente y real, pero subordinado a que el gobierno que suceda al actual sea de gusto y agrado del capital.
Y en esto también juega la cláusula RUFO, que es la cláusula por la que no se le puede dar mejor trato a ningún otro acreedor que los que entraron en el canje de títulos de deuda viejos por nuevos (títulos discount o reestructurados) en los años 2005 y 2010, que venció el último día hábil de 2014, pero que no está exenta que si el Gobierno decide acordar este año con los fondos buitre y concederles más intereses y/o reconocimiento de mayor capital a los títulos que están en su poder, aparezca una demanda de un bonista que había entrado en los canjes ante un juez de Nueva York u otra plaza por el estilo y exija que se le pague esa diferencia, con lo que la historia se vuelve a repetir, dada la particular interpretación que hace del pari passu (igualdad de condiciones) la Justicia estadounidense
Para evitar ese trillado camino, es que la Argentina presenta ante el G77 + China un nuevo marco jurídico multilateral para la reestructuración de deudas soberanas y que se cree en el seno de las Naciones Unidas (ONU) una Corte Internacional de Bancarrotas de Estados Soberanos, que imitando el sistema de quiebra del sector privado haga que si una amplia mayoría (como es en la Argentina el 66% de los acreedores) acepta un plan de pago, sea igual para todos y ninguno pueda reclamar nada. Mientras tanto no se consiga un consenso en esa materia, sería ingenuo pensar que el país acuerde con los fondos buitre un mayor pago que el que se les hizo a los bonistas reestructurados y que está fijado por la Ley 26.984 de Pagos Soberanos promulgada el 11 de septiembre de 2014.
Por lo tanto, “en este año que viviremos en peligro”, el juego del capital es acomodar las cartas a su favor, y aprovechar todas las fisuras que se presenten para garantizar su patrimonio y ganancia, ya sea endilgar subrepticiamente de acordar con el terrorismo al Gobierno, o de amenazar con la aceleración de los vencimientos de los títulos de deuda en poder de los fondos buitre y exigir que se acuerde a cualquier precio sin medir las consecuencias y/o cualquier otro procedimiento, porque el fin justifica los medios (si no, cabe recordar nuevamente la matanza de Ezeiza o las listas negras de la Triple A y en qué terminó el país).
Las dos cartas de la Presidenta de la Nación demuestran estar a la altura de las circunstancias. Es un gobierno que se va, pero lo hace digna y valientemente, y la historia demuestra que eso es lo que realmente consta y se memora.
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