11/13/2013

argentina y la región: algunas zonceras de la ortodoxia

Por Fernanda Vallejos
 
Tuve oportunidad de participar en un seminario de países del Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay). Inexorablemente, la comparación de las políticas y la evolución de algunas variables sensibles en las distintas economías de la región, sumada a la discusión pública que nos atraviesa en los últimos días, dispara algunas reflexiones, que comparto.

Las usinas hegemónicas a través de las cuales se propala como peste el pensamiento ortodoxo han instalado la idea que "la inflación es la madre de todas batallas". A continuación se enuncia que "el gasto público y la emisión monetaria son la fuente de la inflación" y que "a otros países de la región (siempre mejores que nosotros) les va mejor porque tienen inflación de un dígito". La realidad y el análisis económico echan por tierra cada una de estas hipótesis. 

Primero, porque el disparador del proceso de alza de los precios en la Argentina tiene su origen en lo que denominamos inflación importada (el traslado a los precios domésticos de los precios internacionales de los productos primarios que exportamos) y el proceso inflacionario inercial hoy está dominado por la puja distributiva, es decir la disputa entre sectores de la sociedad por cómo se produce la apropiación del excedente económico y cuál es la participación relativa del ingreso de los trabajadores y de las ganancias de los empresarios en la distribución del ingreso nacional. 

Cuando se han creado más de 5 millones de puestos de trabajo y se han repuesto el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y las negociaciones paritarias, se han recuperado las capacidades de los trabajadores (antes disciplinados por el desempleo y la flexibilización laboral) para disputar una mayor participación de los salarios en la torta del ingreso. Y efectivamente la resolución de este conflicto latente ha sido, año a año, favorable, de modo que la pauta salarial siempre ha crecido por encima de los aumentos de precios, cualquiera sea el índice que se quiera tomar (público o privado). 

También el ejercicio de la función redistribuidora del Estado Nacional, sosteniendo una clara política de ingresos, ha permitido que las Jubilaciones y pensiones que cubren a más del 90% tengan, desde la sanción de la ley de movilidad previsional, dos ajustes anuales también muy por encima de la evolución de los precios. Lo mismo sucede con la asignación universal por hijo, desde su implementación. 

El crecimiento sostenido del ingreso real (es decir, de la capacidad adquisitiva, el poder de compra) del conjunto de los sectores populares y medios es, justamente, lo que permite explicar, por ejemplo, que el 10% más rico de la población haya pasado de concentrar en torno del 40% del ingreso nacional al principio de la década, a cerca de 30% en la actualidad, al tiempo que esos 10 puntos porcentuales se han distribuido de manera pareja entre el 80% de la población que comprende a los sectores más pobres y a la totalidad de los estratos que componen la clase media. 

Pero también da la medida de la tensión social que supone la resistencia de otro sector que no está dispuesto a resignar privilegios y que se manifiesta a través de la suba de los precios mediante los cuales pujan por recuperar posiciones. El relato hegemónico que demoniza al gasto público y la emisión monetaria les resulta, en este sentido, absolutamente funcional, porque, en última instancia, lo que se está demonizando es el rol del Estado interviniendo en la esfera económica, sin lo cual no hubieran sido posibles los resultados obtenidos en materia de igualdad distributiva, en particular, y de mejora del conjunto de los indicadores sociales, en general. Se promueven, en cambio, desde la oposición, programas de metas de inflación, más o menos explícitos, programas de ajuste, a veces disfrazados bajo el eufemismo de "planes integrales" o "planes antiinflacionarios o de estabilización". 

Por eso no sorprende que se ponderen otros modelos, como los de Chile o Brasil, entre otros, cuyos bancos centrales están cooptados por la ortodoxia económica que lleva adelante, con mano férrea, políticas de metas de inflación. Pero las metas de inflación no sólo mantienen controlados los precios, sino también el crecimiento de la economía y la redistribución del ingreso. 

Así, mientras Argentina creció a tasas cercanas al 8% promedio anual durante la década, Brasil lo hizo a menos del 4%, al igual que Chile. Mientras Argentina redujo el desempleo en 18 puntos porcentuales, Chile lo hizo en sólo 2.4 puntos y Brasil en 3.6. Idénticamente, mientras Argentina muestra la mejor evolución en avance contra la desigualdad, pasando el índice de Gini de 0.54 a 0.42; Chile apenas registra una leve mejora desde 0.55 a 0.52, lo mismo que Brasil que pasó de 0.57 a 0.54.

Y es cierto que sin el Estado sosteniendo las políticas de ingresos, sin el gasto social del Estado los sectores más vulnerables se verían impedidos de mejoras. También que, con una economía "enfriada", ajuste mediante, no podría sostenerse la capacidad de generar empleo y, por lo tanto, la capacidad de los trabajadores para negociar mejores salarios frente al fantasma del desempleo. Entonces sí, con políticas de ajuste, es posible que hubiera efectos antiinflacionarios, porque la represión de la puja distributiva elimina los estímulos de los formadores de precios para seguir subiéndolos. Al fin de cuentas, en los 90s no había inflación. 

Tampoco trabajo, ni salarios, ni Estado interventor, ni capacidad de compra de los sectores trabajadores. Sí había, en cambio, pobreza, exclusión y concentración del ingreso. No significa que la inflación sea un tema que no deba ser atendido. Pero debe ser atendido en su complejidad, en la mesa de diálogo que la Presidenta ha convocado en representación del Estado nacional, entendiendo la importancia de la justa participación de los salarios y de los ingresos del conjunto de los sectores populares y medios, en general, como motores de la demanda y del crecimiento económico, y discutiendo la racionalidad de la tasa de ganancia, en un debate que nos involucra a todos, como sociedad, si queremos seguir ganando en igualdad y mejorando nuestras condiciones materiales de existencia. En una discusión en la que debemos estar comprometidos en defensa de nuestro propio interés y no dejarnos engañar por falsos curanderos que proponen remedios que son peor que la enfermedad.

Por último, partiendo de la premisa de que el alza en los precios es un tema a atender (cosa que el gobierno viene haciendo, desde la aplicación de retenciones para atender la inflación importada, pasando por los acuerdos de precios, hasta la convocatoria a la Mesa de Diálogo Económico y Social), es importante señalar que los argentinos estamos ante un enorme desafío que sí es la "madre de todas las batallas" de nuestra historia: se llama restricción externa. Un tema para otra u otras notas, seguramente.

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